Ciutat Morta es la película-documental sobre lso hechos que acabaron con la muerte de Patricia Heras tras ser injustamente acusada de la muerte de un guardia urbano durante la intervención en una casa okupa.
La película se estrenó hace un año y medio, se ha proyectado en más de 150 pases y una veintena de festivales incluido el de San Sebastián, pero hasta el 17 de enero de 2015 no fue emitida en Catalunya.
¿Por qué?
1. El poder público como cómplice y encubridor de un
caso de violencia y tortura policial tras las irregulares detenciones de
cinco ciudadanos durante una pelea -que se saldó con un guardia urbano
gravemente herido- en un antiguo teatro ocupado. Su posterior
encarcelamiento habría podido ser evitado cuando el entonces alcalde
Joan Clos relató tener conocimiento de un informe policial que probaría
la inocencia de los detenidos. La posterior desaparición de ese informe
hace evidente el necesario conocimiento e implicación del concejal de
Seguridad y Movilidad Jordi Hereu (después alcalde), el ex concejal de
Ciutat Vella Carles Martí, y la ex consellera de Interior, Montserrat
Tura.
2. El papel de la justicia: la jueza Carmen
García Martínez, del Juzgado de Instrucción Nº 18 en Barcelona envió a
prisión provisional a los jóvenes Juan Pintos, Álex Cisternas y Rodrigo
Lanza que habían sido claramente torturados, y les privó de libertad
durante dos años, a la espera de juicio, sin llegar a esclarecerse de
qué se les acusaba. La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en
enero de 2008 a los detenidos -incluyendo a Patricia Heras, que no
estaba presente en el lugar de los hechos- a penas de hasta cuatro años
basándose exclusivamente en los testimonios de los policías presentes.
La pena fue posteriormente aumentada a cinco años en el caso del
detenido Rodrigo Lanza.
3. La policía: los agentes
Bakari Samyang y Victor Bayona que torturaron a los acusados la noche
del 4 de febrero de 2006, fueron los mismos que declararon como testigos
en contra de los acusados durante la celebración del juicio.
Posteriormente fueron condenados a prisión, con penas de más de dos
años, por haber torturado en dependencias policiales a un joven de
Trinidad y Tobago. Los agentes, de 34 y 38 años, acaban de obtener la
jubilación. Recibirán una pensión vitalicia de entre 1.600 y 1.800 euros
mensuales. Durante la proyección del documental el sábado pasado en la
televisión pública, la reacción de Mossos d'Esquadra en las redes
sociales fue de mofa.
4. Los médicos. De todo el metraje de Ciutat Morta el papel de los
médicos en el Hospital del Mar supone un indicio aterrador: la llegada
de unos veinteañeros sangrando y en estado de shock, custodiados por los
agentes de la policía, es recibida con indiferencia por el personal
médico del hospital, que no hacen preguntas ni dan señal de alarma.
5. Los medios de comunicación: con honrosas excepciones -quizás el más
claro sea el de La Directa- el caso 4F ha sido omitido de los medios
catalanes. Esto ha continuado con la repercusión del documental, y ha
llegado a extremos delirantes con la televisión pública catalana: TV3
desestimó la compra de la película incluso cuando fue premiada en
Málaga. La presión ciudadana en las redes obligó a la cadena a asegurar
que el documental se emitiría antes de que acabara 2014. Tras idas y
venidas -que incluyeron la pregunta directa al director de Televisió de
Catalunya sobre el retraso en emitir el documental por parte del
diputado de las CUP David Fernández en sesión parlamentaria- la película
ha sido emitida previa censura.
Si jueces, policía,
representantes públicos, medios de comunicación y especialistas
sanitarios omiten y por tanto se hacen cómplices de un caso así, ¿qué le
queda a la ciudadanía?
Y entonces, el velo pegajoso
que cubre la ciudad se revela. Lo que muestra, con su olor a muerte, es
demasiado aterrador para ser olvidado
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