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sábado, 12 de febrero de 2011

Incompatibilidades

Cuando ya nos habíamos acostumbrado a ver al ex-presidente Aznar «haciendo caja» a base de conferencias en las que, en general, la imagen de España quedaba en entredicho. Cuando ya estábamos informados de su fichaje para el consejo de administración de una importante empresa nacional de energía -un sector estratégico- y casi habíamos olvidado que su apoyo a Bush en la guerra de Irak se relacionó con cargos posteriores en empresas norteamericanas con importantes intereses en la guerra, nos anuncian que el ex-presidente González ha entrado a formar parte del consejo de administarción de otra importante empresa energética. Dos ex-presidentes, dos consejos de administración del sector de la energía. Los sueldos, astronómicos.
La cuestión es ¿Qué están comprando esas empresas a tan alto precio?. Es evidente que están comprando sus contactos, sus influencias, las puertas que pueden abrir, los polítcios a los que pueden convencer... Es decir, un patrimonio, unas posibilidades, unos contactos que solo están en manos de quienes han tenido acceso a información privilegiada en razón de su cargo público.
Este uso personal de unos privilegios derivados de su función pública plantea una cuestión ética que no está bien definida en nuestro ordenamiento jurídico. Pero el ejemplo de Aznar y González hace aparecer una cuestión aún más preocupante y de más transcendencia: ¿Qué impedirá, a partir de estos ejemplos, que futuros presidentes de Gobierno «preparen» su propio «retiro de lujo» tomando decisiones que favorezcan a unas determinadas empresas? ¿Cómo sabremos que una decisión tomada es en beneficio del país y no en beneficio de intereses que más tarde sabrán corresponderle?
Aznar y González, González y Aznar, con sus retiros dorados, han puesto a España en situación de planteaerse una actualización de la ley de incompatibilidades que prevea para cargos tan sobresalientes una especie de «pase a la reserva», con ubicaciones en el organigrama del estado pero imcompatible con la aceptación de tareas y remuneraciones al servicio de los intereses privados. No discutiremos aquí el sueldo para ese «pase a la reserva», pero sí nos parece evidente la necesidad de regular de forma inequívoca el futuro de quien llegue a la presidencia del gobierno. La naturaleza de su responsabilidad debería estar alejada de toda sombra de sospecha.

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